La pesca ilegal, la infiltración del crimen organizado en las cadenas de suministro pesquero y las limitaciones de vigilancia, representan los principales desafíos para la seguridad y sostenibilidad del sector, plantean especialistas.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), a escala mundial la pesca ilegal representa aproximadamente 20% de la captura total.
En México, el dato que refieren distintos análisis proviene del Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024, que señala que la pesca ilegal, no declarada y no documentada es "de niveles superiores al 40%".
Según el anuario estadístico de Acuacultura y Pesca 2025 de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la producción pesquera de captura en ese año fue de un millón 816,870 toneladas de peso vivo, con un valor de 33,643 millones 051,000 pesos.
El 40% sería equivalente a 726,751.6 toneladas con un valor de 13,458 millones 620,400 pesos. De ese tamaño sería la pesca ilegal en el país, si se mantuviera ese 40% como pesca ilegal.
"Lavado de pescado", afecta a pescadores legales
Renata Terrazas, vicepresidenta de Oceana en México explica que un análisis realizado por la organización en 2024 estimó que 22% del pescado comercializado como legal podría provenir de fuentes ilegales. Esta practica se conoce como "lavado de pescado" e involucra falsa.
Autoridades y organizaciones distinguen tres tipos de pesca irregular: la ilegal, que llevan a cabo embarcaciones nacionales o extranjeras sin permiso; la no declarada, que ocurre cuando las capturas no se registran o se reporta erróneamente ante la autoridad; y la no reglamentada, que se realiza en áreas donde no existen medidas de manejo sobre productos pesqueros almacenados o en existencia o no son consistentes con las medidas establecidas por las organizaciones regionales de manejo pesquero.
Terrazas indica que Oceana identifica seis categorías: la pesca en tiempo de veda; pesca en zonas prohibidas; pesca en áreas naturales protegidas; la pesca de especies protegidas; la pesca sin autorización y la pesca con artes de pesca no permitidas.
La especialista destaca que hay una parte de pesca ilegal que es realizada por personas que no cuentan con permisos porque nunca han tenido acceso a ellos. En su opinión, eso constituye principalmente un problema social, que debe ser atendido desde la política social.
Otro segmento corresponde a la comercialización ilícita de productos pesqueros, principalmente en el mercado negro extranjero. Por ejemplo aleta de tiburón, especies protegidas y pepino de mar. Quienes participan en este mercado operan con una lógica de crimen organizado.
Un tercer componente está relacionado con deficiencias en la aplicación de la ley, la falta de coordinación institucional y recursos insuficientes. Incluye prácticas como pescar durante vedas, capturar especies protegidas o utilizar artes de pesca prohibidas. Estas actividades que pueden afectar la reproducción y conservación de las poblaciones pesqueras.
Denuncian injerencia del crimen organizado
A ese panorama se suma la operación de la delincuencia organizada en el sector. De acuerdo con la organización Causa Natura Center, la participación de organizaciones criminales en las pesquerías mexicanas ha evolucionado desde actividades ilícitas aisladas hacia mecanismos de control territorial de las cadenas de comercialización.
En el análisis "Hacia una pesca sostenible y segura en México: recomendaciones de política Pública", la organización señala que las actividades se han extendido del tráfico de totoaba a la extorsión de pescadores legales e ilegales, la toma de muelles y plantas procesadoras y la infiltración de mercados nacionales e internacionales.
Indica que la violencia asociada al crimen organizado en la pesca antes estaba concentrada en Baja California, Sonora y Sinaloa; ahora se ha extendido a estados como Yucatán, Campeche, Veracruz y Tamaulipas.
Según Causa Natura Center, estos grupos controlan capturas, imponen cuotas y precios, y castigan con violencia a la negativa a cooperar, incluso mediante informantes locales.
Terrazas indica que uno de los factores que hace altamente vulnerable al país a este tipo de prácticas es que cuenta con uno de los litorales más extensos del mundo ─más de 11,000 kilómetros─ y una alta diversidad de especies de valor comercial.
Señalan deficiencia regulatoria
Terrazas también identifica deficiencias regulatorias. Entre ellas la falta de expedición del reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, cuya emisión fue ordenada al Ejecutivo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2026.
Dice que la propia ley ya debe ser actualizada; sin embargo el Congreso ha preferido mantenerla como está.
Sin embargo enfatiza que la persistencia de la pesca ilegal en México se debe, principalmente a la insuficiencia de vigilancia y a la falta de coordinación entre las autoridades responsables en esa tarea.
En su opinión, el Estado mexicano ha retrocedido en el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia pesquera.
Aunque la extensión marítima dificulta la vigilancia, Terrazas sostiene que las autoridades cuentan con información puntual para concentrar sur recursos en zonas de veda, áreas naturales protegidas y pesquerías de alto valor comercial, pero no lo hace.
Advierten menos inspecciones
Los Oficiales Federales de Pesca de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) participan en las labores de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de la legislación pesquera.
Según Oceana, el promedio anual de oficiales federales de pesca fue de 183 entre 2009 y 2014, frente a 161 entre 2018 y 2022. En 2025 eran alrededor de 166.
En junio de 2026, la Secretaría de Marina (Semar) y la Conapesca firmaron un convenio para crear la Dirección de Inspección y Vigilancia Pesquera. Inició operaciones con 145 inspectores, quienes tienen como misión reforzar las acciones de vigilancia e inspección en materia pesquera en las Zonas Marinas mexicanas, aguas interiores, lacustres y fluviales, costas y recintos portuarios para proteger los recursos pesqueros y garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable en la materia.
Un análisis de Oceana, basado en registros de 2009 a 2014 y de 2018 a 2023, identifica una disminución de los recorridos terrestres y acuáticos de inspección y vigilancia realizados por la Conapesca y la Semar.
Inspeccion ConapescaGráfico: El Economista